La inseguridad jurídica en la prestación de servicios públicos en el sector publico ecuatoriano durante el año 2012
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- BachelorThesis
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El servicio público ecuatoriano a lo largo de la historia de nuestro país ha sido una de las actividades más valoradas no solo por las autoridades nacionales sino también por todas aquellas personas que hacemos del ejercicio de un cargo público el único mecanismo de sustento para satisfacer nuestras necesidades, más aun en ciudades y provincias pequeñas como la nuestra en las cuales el cargo público constituye la única oportunidad de trabajar para los ecuatorianos, por lo que alrededor de esto la legislación en materia laboral y administrativa ha ido procurando una serie de garantías en favor de aquellos trabajadores públicos, así uno de los principios jurídico laborales más respetado en el Ecuador ha sido el principio de continuidad o de estabilidad laboral, que está sustentado en la norma constitucional contenida en el artículo 33 de la Carta Magna que dispone que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, principio por el cual cada uno de los ciudadanos al conseguir un trabajo a través de un nombramiento regular estaban seguros de mantener su trabajo hasta cuando el servidor renuncie voluntariamente o se acoja a la jubilación, a no ser que el servidor haya sido sancionado con la destitución del cargo mediante un sumario administrativo con el derecho al debido proceso. En los momentos actuales la política laboral implementada por el gobierno nacional en el sector publico Ecuatoriano ha ocasionado mucha preocupación llevando al servidor público a niveles de estrés, ya que cada servidor no tiene la certeza de permanecer en la institución, existe la incertidumbre de que en cualquier momento se aplica en la institución la supresión de partidas, la renuncia voluntaria u otro mecanismo de separación del servidor de su puesto de trabajo. El mecanismo utilizado para desvincular al servidor público Ecuatoriano ha sido la renuncia obligatoria que se respalda en el Decreto Ejecutivo N° 813, publicado en el Registro Oficial el 12 de julio de 2011, donde se contempla que las instituciones del Estado podrán establecer planes para compras de VII renuncias "en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas". Se considera que se ha cometido un error de parte del gobierno al despedir a los servidores públicos, ya que, la medida adoptada por el Ministerio de Relaciones Laborales se lo hizo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto ejecutivo 813, ante lo cual las autoridades del régimen no han sustentado los motivos de los despidos para tener fundamentos sobre la constitucionalidad de la medida. El artículo 314 de la Constitución establece que el estado es el llamado a garantizar los servicios públicos y que estos respondan a principios de responsabilidad y calidad por lo que ante la salida de un gran número de servidores públicos en muchas entidades estatales lo que han hecho es improvisar con servidores nuevos a contrato que son remplazados por otros luego de cada cierto tiempo. La desvinculación de servidores públicos en el servicio público ecuatoriano ha generado más de un reclamo laboral, argumentando que se trata de despido intempestivo que viola la Constitución, que lo único que persigue es crear vacantes en el sector público para tener la oportunidad de vincular al servicio público a personas vinculadas al gobierno a pesar de que la norma Constitucional dispone que para el ingreso al sector publico Ecuatoriano se lo debe hacer en base a concurso de méritos y oposición, frente a lo cual en las entidades públicas se observa una gran cantidad de contratos de servicios ocasionales aun cuando la LOSEP determina un porcentaje de contratos para cada institución en base al número total de empleado El argumento de que a varios servidores públicos los están dejando en la calle sin trabajo y sin el sustento para sus hijos es otra falacia, porque todos ellos son adultos mayores y ya no tienen hijos menores de edad, y además, por la venta de la renuncia reciben hasta $ 40.000,00 dólares una cantidad apreciable para iniciar cualquier tipo de negocios, según la versión del gobierno. VIII "La CC se declararía imposibilitada para invadir las competencias que la Constitución y las leyes conceden a otras instituciones, la Asamblea es el órgano competente para interpretar las leyes", el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está facultado para conocer en el ámbito jurisdiccional las presuntas vulneraciones al principio de jerarquía normativo. El pleno de la Corte conoció un informe, en el cual recomendó al pleno archivar la causa, ya que los demandantes no lograron demostrar la inconstitucionalidad de la norma durante la sustanciación de la acción. A la par del trámite de la causa, el Gobierno notificó con su desvinculación a otro grupo de servidores públicos, cuyo número se suma a los 2.700 que fueron separados desde octubre, cuyas resoluciones se ampararon en el Decreto 813. La renuncia es un acto de voluntad que no se registra en las renuncias obligatorias, cuya aplicación viola principios constitucionales del derecho al trabajo ya una vida digna. El presidente Rafael Correa emitió un reglamento a la LOSEP el 1 de abril de este año. En lo pertinente a la salida de los servidores públicos, señalaba: "El servidor que deseare acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización, o cesación por jubilación, deberá presentar por escrito su voluntad de acogerse a los mismos". El 12 de julio pasado se publicó en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo 813, con el que se agrega un capítulo enumerado al artículo 108 del reglamento expedido en abril. El cambio propuso que: "Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compra de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas. Los servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos"
- Publication Year
- 2013
- Language
- spa
- Topic
- inseguridad jurídica
servicios públicos
sector publico ecuatoriano
- Repository
- Repositorio Universidad Estatal de Bolivar
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- http://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/2532
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- openAccess
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